Reproducimos este artículo de Luca Volontè publicado en lanuovabq.it. Al estar en italiano hemos optado por una traducción automática al español:
Un juez español ha absuelto a voluntarios de 40 días de por vida en juicio por rezar delante de una clínica de abortos. Se ha consagrado un principio legal importante.
A pesar de que reina la confusión y los escándalos del presidente del Gobierno Sánchez y sus partidarios socialistas nublan la política y la sociedad españolas cada día, surgen buenas noticias: hay un juez justo en España. Los voluntarios españoles de «40 Días por la Vida«, parte de la red global de católicos y cristianos evangélicos que demuestran su pasión por la vida del no nacido rezando frente a clínicas de aborto en todo el mundo, denunciados en 2022 por rezar frente a una clínica de abortos en Vitoria (País Vasco), han sido absueltos de los cargos.
El juez consideró que se habían manifestado «de manera extremadamente pacífica» y que no hubo delito de coacción, tal y como preveía la ley buscada por Sánchez y su coalición de comunistas y sicarios. Esta es la Ley Orgánica 4/2022 que castiga con prisión a cualquiera que acose a mujeres que acudan a clínicas de aborto, incluidas oraciones o manifestaciones, si se considera coacción o una forma de acoso que perjudique su libertad.
Los hechos juzgados tuvieron lugar entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022, cuando varios voluntarios de la campaña «40 Días de Vida» fueron denunciados por rezar cerca de una clínica de abortos. Unos días después, un juez escuchó sus declaraciones y, como precaución, les prohibió acercarse a menos de 100 metros de la clínica. La denuncia se extendió a varias personas más y no hubo fallo judicial hasta el martes 9 de diciembre. Por ello, el juez rechazó las razones presentadas en la demanda presentada por la clínica de abortos, que pedía una condena de cinco meses de prisión para todos los voluntarios que rezan, posiblemente sustituida por 75 días de servicio comunitario, así como una compensación de 20.000 euros.
Por el contrario, el Tribunal Penal Número 1 de la ciudad de Vitoria dictaminó que los manifestantes se manifestaron «de manera absolutamente pacífica» sin intención ni efecto coercitivo de la voluntad de las niñas y mujeres que querían abortar, ni impedimentos para acudir a la clínica. Los tres argumentos presentados por la magistrada Beatriz Román, autora de la sentencia, son muy claros y sencillos:
– Libre derecho de reunión. Los demandados «no hicieron más que ejercer su libre derecho a reunirse, eligiendo un lugar cerca de una clínica donde se realizan abortos. Sentían que expresar sus demandas en ese lugar y de la manera en que lo hacían era la forma más adecuada de transmitir el mensaje que quieren transmitir —rezando por la vida y ofreciendo su ayuda— directamente a los principales destinatarios»;
– De una manera «pacífica». Todo esto, añade el magistrado, fue comunicado correctamente a la autoridad competente y se llevó a cabo en silencio de una manera «exquisitamente pacífica»;
– No hubo ofensa ni presión contra los trabajadores o madres que acuden al centro de abortos.
Una sentencia que también es un hito legal, ya que es el primer juicio de este tipo celebrado en Europa y respalda la tesis respaldada por la defensa: los acusados se limitaron a rezar en silencio y expresar su apoyo por la vida, sin insultar ni ejercer presión sobre los trabajadores o usuarios del centro. Es muy probable que la sentencia de primera instancia sea apelada ante el Tribunal Provincial de Álava por la clínica de Vitoria, pero también por organizaciones proabortistas y multinacionales de todo el continente europeo, así como por la Fiscalía.
No obstante, la decisión del juez Román envía un mensaje claro: la oración pacífica, respetuosa y silenciosa, incluso frente a una clínica de abortos, entra dentro del alcance de las libertades fundamentales reconocidas por la Constitución, aunque resulta muy llamativo demostrar cómo las simples oraciones silenciosas pueden constituir «acoso» o «persecución» o que existe alguna coacción, dado el poco de personas reunidas en cada ronda de oración fuera de la clínica. Por tanto, hay justicia en España, no solo la que está surgiendo obstinadamente y revelando los densos complots de corrupción del presidente del Gobierno Sánchez y su Partido Socialista, sino también una justicia que aplica la ley sin interpretaciones iliberales ni anticristianas.
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