Reproducimos este articulo de Ana Zarzalejos Vicens en Aceprensa que puede hacernos pensar más allá de los estereotipos habituales
El debate migratorio lleva ya años consolidándose como uno de los grandes ejes de confrontación política en las democracias occidentales. La UE se enfrenta constantemente a países del bloque que rechazan sus cuotas de inmigración. Estados Unidos ha impulsado una agresiva campaña de deportación que ha disminuido el sólido apoyo del que Trump gozaba en esta materia. La preocupación por la inmigración decide elecciones.
España, mientras tanto, viene de discutir de nuevo sobre la regularización de inmigrantes en un contexto de presión demográfica, necesidades del mercado laboral y tensiones en determinados territorios.
Lo interesante es que, junto a la evidente polarización, empiezan a emerger matices en espacios donde hasta ahora predominaban posiciones más homogéneas. La columnista Rosa Montero ha advertido en El País de la necesidad de no negar los conflictos reales asociados a la inmigración, mientras que Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, reivindicaba recientemente que la izquierda ha olvidado hablar de la necesidad de la seguridad en los barrios.
Un debate dominado por la polarización y la falta de matices reales
Y, sin embargo, el debate público sigue instalado en una dinámica que dificulta cualquier avance significativo. Entre el buenismo y la deshumanización, las posiciones intermedias quedan desdibujadas. El primero tiende a reducir la inmigración a una cuestión moral en la que cualquier matiz parece una concesión inaceptable al racismo. El segundo convierte un fenómeno complejo en una amenaza homogénea, donde las diferencias individuales desaparecen bajo categorías simplificadoras.
Esta tensión impide formular, por ejemplo, que la regularización de inmigrantes puede ser una herramienta legítima para corregir situaciones precarias e injustas. Personas que trabajan, que contribuyen económicamente y que, sin embargo, viven en un limbo jurídico, ven limitada su capacidad de integración y quedan expuestas a abusos laborales.
Regularizar sin dotar de medios suficientes a la administración para gestionar los procesos produce cuellos de botella que cronifican la precariedad
Pero afirmar esto no debería impedir reconocer la otra cara del problema: España presenta un modelo migratorio profundamente disfuncional. Un modelo que no planifica adecuadamente los flujos, que tolera amplias bolsas de irregularidad durante años y que reacciona de forma episódica –mediante regularizaciones– en lugar de articular políticas estructurales. Y lo más relevante: este modelo falla, en primer lugar, a los propios inmigrantes, que quedan atrapados en circuitos de precariedad, economía informal y dificultades de acceso a derechos básicos.
La deshumanización del discurso agrava este diagnóstico. Convertir a los inmigrantes en un bloque homogéneo asociado a la delincuencia no solo es injusto, sino también intelectualmente pobre. Es cierto que existen diferencias en tasas de criminalidad en determinados contextos y grupos, y negarlo no contribuye a mejorar la convivencia. Pero de ahí a construir un relato que criminaliza a una población en su conjunto hay un salto que erosiona los fundamentos mismos del Estado de derecho. Además, este enfoque suele ir acompañado de una preocupante falta de propuestas: más allá de la deportación o el cierre de fronteras, las alternativas son escasas o directamente inviables en sistemas democráticos complejos.
El buenismo también tiene costes que rara vez se reconocen. La tendencia a ocultar datos incómodos o a evitar cualquier diagnóstico que pueda ser utilizado por posiciones contrarias termina empobreciendo el debate. Regularizar sin dotar de medios suficientes a la administración para gestionar los procesos –permisos de trabajo, reagrupación familiar, acceso a servicios– produce cuellos de botella que cronifican la precariedad. Del mismo modo, la falta de inversión en políticas de integración convierte la regularización en un punto de partida insuficiente.
A esto se suma un elemento particularmente sensible: la distribución desigual de los efectos de la inmigración. Son los barrios obreros los que experimentan con mayor intensidad la presión sobre la vivienda, la escuela o los servicios sociales, así como los conflictos de convivencia cuando estos aparecen. Ignorar esta realidad, o descalificar sistemáticamente a quienes la exponen, no solo es injusto para quienes la viven, sino que alimenta una brecha política que otros actores están dispuestos a explotar.
Por no mencionar la hipocresía política de abogar por la inmigración en los discursos, pero permitir que sea instrumentalizada como elemento de presión por terceros países.
El resultado de esta doble ceguera es un debate público que no solo simplifica, sino que también bloquea. Bloquea la posibilidad de reconocer que pueden coexistir principios legítimos –la defensa de la dignidad de las personas migrantes y la necesidad de gestionar ordenadamente los flujos– y bloquea la propuesta de políticas que respondan a esa complejidad.
La parálisis de un debate que impide políticas eficaces y sostenidas
De ahí que la cuestión de fondo no sea tanto elegir entre posicionarse entre apertura o cierre, entre acogida o control, sino redefinir los términos mismos del debate. Un enfoque basado en datos exige asumir realidades incómodas: que la inmigración puede traer beneficios o constituir un deber de acogida, pero que genera tensiones cuando no se gestiona bien; que las políticas improvisadas tienen efectos acumulativos; que la integración no es automática ni gratuita; que la multiculturalidad no es un bien en sí mismo.
Esto implica también desplazar el foco desde las respuestas reactivas hacia las estrategias de medio y largo plazo: sistemas de acceso legal y ordenado, mecanismos eficaces de inserción laboral, políticas de vivienda que eviten la concentración excesiva, refuerzo de los servicios públicos en zonas de alta presión y una administración capaz de gestionar con agilidad procesos complejos. Nada de esto encaja bien en los marcos simplificados que dominan la conversación.
En este contexto, humanizar el debate no significa edulcorarlo, sino hacerlo más exigente. Significa admitir que proteger a los inmigrantes pasa también por evitar su explotación laboral, por no condenarlos a la irregularidad crónica y por no utilizarlos como argumento en batallas ideológicas. Significa, igualmente, reconocer que la cohesión social es un bien frágil que requiere atención constante y políticas deliberadas.
Quizá el verdadero desafío sea construir un espacio público donde estas afirmaciones no resulten contradictorias. Donde se pueda decir, al mismo tiempo, que la regularización puede ser necesaria y que no basta; que hay problemas de convivencia y que no definen a toda una población; que las fronteras existen y que su gestión no agota la política migratoria.
Solo desde ahí será posible salir del péndulo entre el buenismo y la deshumanización. Y solo así podrá empezar a tomar forma un modelo migratorio que no falle –como ocurre ahora– precisamente a quienes más dependen de su buen funcionamiento.
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